En el Juzgado de Garantía de Valparaíso se llevó a cabo la formalización de cargos por el delito de estafa contra una contadora quien fue acusada de haberse apropiado de más de 40 millones de pesos pertenecientes al Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de este Puerto.
La imputada, identificada con las iniciales R.C.R., entre los años 2005 y 2011 prestó sus servicios profesionales a la Institución, periodo en el cual habría efectuado el desfalco adulterando más de 500 cheques válidamente emitidos.
“Cada vez que se emitía un cheque para reponer dinero en efectivo, ella procedía a agregar un “1” antes de la cifra expresada en números, y la palabra “ciento” antes de la cifra expresada en palabras. Luego cobraba el documento personalmente apropiándose de la diferencia. Posteriormente, para encubrir su delito también adulteraba las cartolas bancarias”, explicó el presidente del BSV, Hugo Montenegro Díaz.
La estafa había quedado al descubierto en el mes de mayo de 2011 por el encargado de Tesorería, Jorge Canales, por lo que la Institución decidió rescindir su contrato y entablar una querella criminal en su contra ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Tras seis meses de investigación a cargo de la PDI y los antecedentes proporcionados en la auditoría interna, el Ministerio Público decidió formalizar a la mujer.
“Nuestra institución es una entidad de beneficencia, pues se dedica al rescate de personas en el mar de manera voluntaria y se financia con dineros reunidos por el arriendo de su restaurante y con las cuotas que pagamos mensualmente. Estos escasos ahorros son el resultado de una constante política de austeridad instaurada por los voluntarios más antiguos, es decir, a nuestra Institución le costó décadas llegar a tener lo que tenía. Por lo que este vil robo del cual hemos sido víctimas llena de dolor e indignación a nuestros Voluntarios y a toda la comunidad porteña, por ello, no escatimaremos esfuerzos en lograr que se haga justicia tratando que la responsable de este delito este tras las rejas y que se restituya nuestro patrimonio”, terminó diciendo el presidente.
Tras la formalización de cargos quedó libre pero con medidas cautelares. El Tribunal dictó 120 días para la investigación.
